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El Nuevo Día
Sharon Minelli Pérez
sperez@elnuevodia.com
Twitter: @sharonminelli
Empresarios boricuas resaltan cómo la Ley 20 de 2012 les ha ayudado a crecer dentro y fuera de Puerto Rico
Desde la industrialización emprendida a mediados del siglo pasado hasta el presente, las leyes de que conceden incentivos tributarios y económicos han sido objeto de controversia en Puerto Rico.
El ejemplo más reciente de este debate se centra en la Ley 20 para fomentar la exportación de servicios y la Ley 22 para incentivar el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico, ambas firmadas en 2012 durante las postrimerías de la administración de Luis G. Fortuño.
Diversas voces se cuestionan si benefician la economía del País o, por el contrario, privan las arcas públicas de los recaudos que se necesitan más que nunca, mientras engrosan bolsillos de negocios e inversionistas extranjeros. Otros, como los propios beneficiarios de las leyes y en particular el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto Bacó Bagué, expresan que los detractores están desinformados o no entienden el efecto medible en la economía.
Al margen de este debate, hay una realidad constatable y poco conocida: empresarios, profesionales y creativos puertorriqueños han descubierto en la Ley 20 la vía para poder destinar recursos a buscar clientes fuera de Puerto Rico, traer nuevo dinero a la Isla, ampliar su plantilla de empleados y crecer el alcance de su negocio.
Según proyecciones provistas por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), el 2016 debe cerrar con cerca de 180 firmas locales beneficiadas tan solo por esa ley, sin contar otros estatutos con beneficios complementarios. Esa cifra equivale a cerca del 25% de los 750 decretos que para finales de 2016 deberán haberse firmado al amparo de la Ley 20.
La medida concede una reducción de 4% en el impuesto sobre los ingresos obtenidos por servicios hechos aquí para entidades o individuos fuera de la Isla. A eso se le agrega una tasa de 0% sobre dividendos, 60% de reducción en patente municipal y tasas reducidas en las contribuciones sobre propiedad mueble (inventario) e inmueble, según el texto del estatuto.
Entre las firmas locales acogidas a la Ley 20, compartimos tres casos de segmentos distintos pero que tienen en común que atribuyen a este estatuto un crecimiento palpable en el volumen de su negocio. DE PUERTO RICO A ORIENTE MEDIO. El caso de la firma de arquitectura y diseño de interiores Álvarez Díaz & Villalón (AD&V) es particularmente dramático, porque pertenece a una industria que se paralizó en la crisis de 2008: la construcción.
“Fue un año de mucho reto, porque después de siete años de operación, me encontré con una situación para la que honestamente no estaba equipado: La posibilidad de irnos de Puerto Rico”, recordó el arquitecto Ricardo Álvarez, fundador de la firma junto con su esposa, la diseñadora de interiores Cristina Villalón.
La empresa ya contaba con infraestructura de peso, producto de su éxito en proyectos institucionales y resi-
denciales, por lo que la decisión no era sencilla. Tampoco la deseaban, pues querían criar a sus hijas aquí, recordó Álvarez.
Mientras capeaban la incertidumbre, se fueron percatando de que “hay un mundo más grande allá fuera, existen oportunidades fuera de Puerto Rico”, compartió el presidente de la Asociación de Constructores.
Y con la Ley 20 se les concretó la oportunidad de darle mayor forma a esa línea de negocio: “Fuimos el decreto número 17, en noviembre de 2012”, recordó.
El proceso de obtención del acuerdo con el gobierno “fue muy fácil” y les tomó tres meses, agilidad que le atribuye a que contrataron a una firma de abogados que los guió paso a paso.
“Tener el decreto en un momento cuando no teníamos trabajos sustanciales fuera de Puerto Rico lo primero que hizo para nosotros no fue aliviar la carga contributiva, sino tener un mecanismo emocional para mi esposa y yo decir: ‘No, no me tengo que ir de aquí, pero tengo que montarme las pilas. Tengo que buscar ese trabajo y determinar cómo lo hago’”.
Por supuesto, una vez las estrategias para conseguir proyectos fuera del País dieron resultados, el beneficio impositivo probó su valor: “Esta cantidad menor en impuestos es un beneficio mutuo. Le puedo bajar las tarifas sin reducir las ganancias. Es un elemento de persuasión, de alianza entre el cliente y quien vende el servicio”.
También ayuda el hecho de que el costo operacional de una firma de arquitectura en Puerto Rico es menor que en la mayoría de los estados, “excepto en Nueva York, Illinois, Georgia, California y Florida”, enumeró de memoria, ya empapado de dónde está la competencia más fuerte.
Como parte de la estrategia de exportación, AD&V estableció sociedades con firmas foráneas que querían mantener contentos a sus clientes, pero no ofrecían algunos servicios que les pedían. “Una firma en Londres nos refirió a un cliente en Oriente Medio, al que le trabajamos el concepto para 25 tiendas y diseñamos dos de las tiendas en Omán y otra en Abu Dhabi”, presentó como ejemplo.
Este acercamiento los ha hecho plantar bandera en Panamá, Venezuela, España y República Dominicana, entre otros mercados. Todo con diseño hecho 100% aquí y el apoyo de una oficina de desarrollo de negocio que establecieron hace dos años en Coral Gables, Florida.
“En 2012 (antes de Ley 20) éramos 7. Hoy somos 22”, resumió.
Este crecimiento en plantilla responde no solo a la exportación, sino a que la clientela local -curiosamentese ha expandido como efecto indirecto del portfolio internacional que han desarrollado bajo la Ley 20.
“Cuando empiezas a tener éxito fuera de Puerto Rico, la gente local te mira de forma diferente”, aseguró.
CAZADORA DE TALENTO. Brenda Marrero, fundadora y CEO de la firma de consultoría de Recursos Humanos BMA Group, vio un efecto inmediato de obtener un decreto de Ley 20, según compartió durante el evento Ecosistema 20/22 que organizó el DDEC recientemente en el hotel Sheraton del Centro de Convenciones.
Explicó que ya estaba exportando servicios desde 2009, así que reinvirtió en crecimiento y en el desarrollo de sus empleados la porción de ingreso que quedó liberada al reducirse la carga impositiva que hasta entonces pagaba. “Somos de las firmas locales que más ha usado la Ley 20. No solamente en la exportación, sino también apoyando a empresarios y compañías que se están estableciendo en Puerto Rico de forma exitosa, para que puedan conseguir su personal”, indicó.
Como factor diferenciador, mencionó que la firma de “head hunting” se ha concentrado en buscar candidatos para puestos de gerencia mediana, algo no tan común en la competencia, además de combinar servicios adicionales como subcontratación, tercerización y consultoría de desarrollo.
En la actualidad, tras comenzar la exportación en República Dominicana, cuenta con operaciones en 22 países de las Américas, la cuenca del Caribe y Europa.
En esos siete años de ver más allá de la Isla, “hemos sido muy exitosos en mercados pequeños en el Caribe y en mercados de Centroamérica, y hemos tenido grandes retos en mercados grandes”, reconoció.
Por ello, instó a los empresarios interesados en buscar clientes en el exterior a delinear una estrategia, eludir la improvisación y asegurarse de contar con un marco legal claro tanto aquí como donde piensan expandir.
“Exportar cuesta. Tenemos que asegurarnos que tengamos solidez financiera”, fue su consejo.
Desde la industrialización emprendida a mediados del siglo pasado hasta el presente, las leyes de que conceden incentivos tributarios y económicos han sido objeto de controversia en Puerto Rico.
El ejemplo más reciente de este debate se centra en la Ley 20 para fomentar la exportación de servicios y la Ley 22 para incentivar el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico, ambas firmadas en 2012 durante las postrimerías de la administración de Luis G. Fortuño.
Diversas voces se cuestionan si benefician la economía del País o, por el contrario, privan las arcas públicas de los recaudos que se necesitan más que nunca, mientras engrosan bolsillos de negocios e inversionistas extranjeros. Otros, como los propios beneficiarios de las leyes y en particular el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Alberto Bacó Bagué, expresan que los detractores están desinformados o no entienden el efecto medible en la economía.
Al margen de este debate, hay una realidad constatable y poco conocida: empresarios, profesionales y creativos puertorriqueños han descubierto en la Ley 20 la vía para poder destinar recursos a buscar clientes fuera de Puerto Rico, traer nuevo dinero a la Isla, ampliar su plantilla de empleados y crecer el alcance de su negocio.
Según proyecciones provistas por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), el 2016 debe cerrar con cerca de 180 firmas locales beneficiadas tan solo por esa ley, sin contar otros estatutos con beneficios complementarios. Esa cifra equivale a cerca del 25% de los 750 decretos que para finales de 2016 deberán haberse firmado al amparo de la Ley 20.
La medida concede una reducción de 4% en el impuesto sobre los ingresos obtenidos por servicios hechos aquí para entidades o individuos fuera de la Isla. A eso se le agrega una tasa de 0% sobre dividendos, 60% de reducción en patente municipal y tasas reducidas en las contribuciones sobre propiedad mueble (inventario) e inmueble, según el texto del estatuto.
Entre las firmas locales acogidas a la Ley 20, compartimos tres casos de segmentos distintos pero que tienen en común que atribuyen a este estatuto un crecimiento palpable en el volumen de su negocio. DE PUERTO RICO A ORIENTE MEDIO. El caso de la firma de arquitectura y diseño de interiores Álvarez Díaz & Villalón (AD&V) es particularmente dramático, porque pertenece a una industria que se paralizó en la crisis de 2008: la construcción.
“Fue un año de mucho reto, porque después de siete años de operación, me encontré con una situación para la que honestamente no estaba equipado: La posibilidad de irnos de Puerto Rico”, recordó el arquitecto Ricardo Álvarez, fundador de la firma junto con su esposa, la diseñadora de interiores Cristina Villalón.
La empresa ya contaba con infraestructura de peso, producto de su éxito en proyectos institucionales y resi-
denciales, por lo que la decisión no era sencilla. Tampoco la deseaban, pues querían criar a sus hijas aquí, recordó Álvarez.
Mientras capeaban la incertidumbre, se fueron percatando de que “hay un mundo más grande allá fuera, existen oportunidades fuera de Puerto Rico”, compartió el presidente de la Asociación de Constructores.
Y con la Ley 20 se les concretó la oportunidad de darle mayor forma a esa línea de negocio: “Fuimos el decreto número 17, en noviembre de 2012”, recordó.
El proceso de obtención del acuerdo con el gobierno “fue muy fácil” y les tomó tres meses, agilidad que le atribuye a que contrataron a una firma de abogados que los guió paso a paso.
“Tener el decreto en un momento cuando no teníamos trabajos sustanciales fuera de Puerto Rico lo primero que hizo para nosotros no fue aliviar la carga contributiva, sino tener un mecanismo emocional para mi esposa y yo decir: ‘No, no me tengo que ir de aquí, pero tengo que montarme las pilas. Tengo que buscar ese trabajo y determinar cómo lo hago’”.
Por supuesto, una vez las estrategias para conseguir proyectos fuera del País dieron resultados, el beneficio impositivo probó su valor: “Esta cantidad menor en impuestos es un beneficio mutuo. Le puedo bajar las tarifas sin reducir las ganancias. Es un elemento de persuasión, de alianza entre el cliente y quien vende el servicio”.
También ayuda el hecho de que el costo operacional de una firma de arquitectura en Puerto Rico es menor que en la mayoría de los estados, “excepto en Nueva York, Illinois, Georgia, California y Florida”, enumeró de memoria, ya empapado de dónde está la competencia más fuerte.
Como parte de la estrategia de exportación, AD&V estableció sociedades con firmas foráneas que querían mantener contentos a sus clientes, pero no ofrecían algunos servicios que les pedían. “Una firma en Londres nos refirió a un cliente en Oriente Medio, al que le trabajamos el concepto para 25 tiendas y diseñamos dos de las tiendas en Omán y otra en Abu Dhabi”, presentó como ejemplo.
Este acercamiento los ha hecho plantar bandera en Panamá, Venezuela, España y República Dominicana, entre otros mercados. Todo con diseño hecho 100% aquí y el apoyo de una oficina de desarrollo de negocio que establecieron hace dos años en Coral Gables, Florida.
“En 2012 (antes de Ley 20) éramos 7. Hoy somos 22”, resumió.
Este crecimiento en plantilla responde no solo a la exportación, sino a que la clientela local -curiosamentese ha expandido como efecto indirecto del portfolio internacional que han desarrollado bajo la Ley 20.
“Cuando empiezas a tener éxito fuera de Puerto Rico, la gente local te mira de forma diferente”, aseguró.
CAZADORA DE TALENTO. Brenda Marrero, fundadora y CEO de la firma de consultoría de Recursos Humanos BMA Group, vio un efecto inmediato de obtener un decreto de Ley 20, según compartió durante el evento Ecosistema 20/22 que organizó el DDEC recientemente en el hotel Sheraton del Centro de Convenciones.
Explicó que ya estaba exportando servicios desde 2009, así que reinvirtió en crecimiento y en el desarrollo de sus empleados la porción de ingreso que quedó liberada al reducirse la carga impositiva que hasta entonces pagaba. “Somos de las firmas locales que más ha usado la Ley 20. No solamente en la exportación, sino también apoyando a empresarios y compañías que se están estableciendo en Puerto Rico de forma exitosa, para que puedan conseguir su personal”, indicó.
Como factor diferenciador, mencionó que la firma de “head hunting” se ha concentrado en buscar candidatos para puestos de gerencia mediana, algo no tan común en la competencia, además de combinar servicios adicionales como subcontratación, tercerización y consultoría de desarrollo.
En la actualidad, tras comenzar la exportación en República Dominicana, cuenta con operaciones en 22 países de las Américas, la cuenca del Caribe y Europa.
En esos siete años de ver más allá de la Isla, “hemos sido muy exitosos en mercados pequeños en el Caribe y en mercados de Centroamérica, y hemos tenido grandes retos en mercados grandes”, reconoció.
Por ello, instó a los empresarios interesados en buscar clientes en el exterior a delinear una estrategia, eludir la improvisación y asegurarse de contar con un marco legal claro tanto aquí como donde piensan expandir.
“Exportar cuesta. Tenemos que asegurarnos que tengamos solidez financiera”, fue su consejo.
Además, hizo hincapié en la importancia de cultivar redes y contactos, el tan mentado “networking”.
Para ese esfuerzo recomendó participar de grupos como el Concilio de Empresas de América Latina (CEAL) o Young Presidents Organization, que a su juicio hacen más confiable el proceso de entrar a mercados nuevos.
“Las empresas que llegan a Puerto Rico han generado un flujo de clientes y nuevas oportunidades. A nosotros nos da mucho gusto apoyarlos en el reclutamiento de talento especializado en finanzas, tecnología y comercio, entre otros”, afirmó.
TECNOLOGÍA DE CALIDAD GLOBAL. Por su parte, Christian González, fundador de la firma de desarrollo de programas Wovenware, coincidió con que la Ley 20 tiene el efecto doble de ayudar a expandir en el exterior y también de llamar más la atención entre clientes locales.
“Todo ha ido de la mano”, indicó sobre cómo, a raíz de obtener el decreto en febrero de 2013, han duplicado plantilla -de 20 a 40 personas- y espacio de oficinas, a la vez que han visto crecer su clientela.
“Fue una cosa increíble cómo hacer trabajos fuera de Puerto Rico atrajo a más clientes locales de empresa privada y de gobierno”, explicó sobre el rumbo de la firma fundada en 2003.
“De 0% de exportación en 2013, subió a 20% en 2014; 25% en 2015; y ahora 35% en el año 2016”, precisó. Sus proyectos se concentran en ciudades de Estados Unidos, como Boston, Atlanta y Chattanooga, aunque también tienen en Londres, Inglaterra, y República Dominicana.
La plantilla, que en tres años se ha duplicado a 40, está compuesta mayormente por programadores, desarrolladores y gerentes de proyecto que desde las oficinas en Santurce proveen el servicio a la clientela local y foránea.
“Las ventas de exportación se duplicaron en 2016 y la proyección es que volverán a duplicarse el próximo año”, anticipó González.
Aunque el tipo de negocio más prevalente entre los acogidos a Ley 20 son las firmas de consultoría, la lista es diversa. En las de capital local, hay representación de las industrias creativas, como Atención Atención, Zapatero Films y la startup de desarrollo de videojuegos Space Rhino. También hay del sector de telecomunicaciones, como Skytec e Innovattel; seguros de salud como Abarca Health; turismo médico como Health and Wellness Network of the Americas; y de servicios legales como Meléndez Torres Law y Soler Law PSC, entre otros segmentos.
VITAL LA CONTINUIDAD. Para el secretario del DDEC, el hecho de que las solicitudes para aprovechar la Ley 20 estén ganando tracción entre las firmas de capital local es un bloque adicional en el “cambio de paradigma de la economía”, orientado a la diversificación.
Por ello, su petición a la próxima administración que sea electa en noviembre, del partido que sea, es que se empape en las leyes de incentivos, “que las entiendan al dedillo”, no que repitan críticas basadas en percepciones sin datos.
“Antes de irnos, vamos a dejar listo un estudio actualizado, para que entiendan el alcance, que estamos trayendo actividad incremental”, anticipó sobre el seguimiento al análisis que divulgó a principios de año, comisionado a la firma local Estudios Técnicos.
Ese estudio atribuye a la Ley 20 efectos más allá de la evidente reducción impositiva. Además de recoger que con frecuencia se le confunde con la Ley 22, concluye que la Ley 20 es un catalítico para inyectar dinero nuevo a Puerto Rico. También destaca que nivela el terreno de juego para las firmas locales y las foráneas al colocarlas, al menos en el aspecto de la exportación, en igualdad de condiciones.
En el periodo de 2014 a 2015, según el mismo análisis, la actividad por Ley 20 ya era responsable del 1% del producto nacional bruto. Esto incluye $1,200 millones en ingresos, $137.1 millones en nómina para 3,349 empleos directos en segmentos especializados y tecnológicos, con salario promedio de $42,496 anuales. Las empresas adscritas pagaron $34.3 millones en contribuciones y acumularon 7,033 empleos, cuando se les suman los indirectos e inducidos.
El análisis concluye que los recaudos ligados a las tasas de impuestos reducidas que se conceden al amparo de las leyes 20 y 22 no son un costo para el erario: “Cualquier ingreso fiscal derivado de estas actividades (con-
tribuciones, impuesto sobre la venta y otros) constituye ingreso neto nuevo para el Gobierno, que de otra forma no se habría generado”.
En materia de empleos, Bacó expresó satisfacción cada vez que una compañía que está exportando servicios desde Puerto Rico contrata a una persona para un puesto afín con el campo especializado que estudió. porque ello supone un talento retenido, que no se sumó a la ola de emigración.
“Ahí tenemos mucho más que hacer: generar currículos en las universidades que eduquen para los nuevos puestos que las compañías están requiriendo”, exhortó.
Aseguró que en el reciente evento de Ecosistema 20/22 se comunicó que había unas 400 plazas disponibles para programación, sistemas de informática, contabilidad especializada en contribuciones, inversiones y finanzas. “Es importante ese encadenamiento (con la academia)”, insistió.
CÓMO ACCEDER A LA LEY 20. Los beneficios contributivos al amparo de la Ley 20, listados previamente, se acceden solicitando y firmando un decreto, como se denomina el acuerdo en el que la entidad se compromete con el Gobierno a cumplir con condiciones que incluyen la creación de cierta cantidad de empleos. Ese documento vinculante puede tener una vigencia de 20 años.
¿Cuán difícil es el proceso? “Es bien sencillo. Hay muchos que no usan contadores públicos autorizados ni abogados, sino que lo llenan ellos mismos. Hay un portal en el que básicamente está toda la información que se necesita y los formularios”, indicó a
Negocios el secretario Bacó.
El portal al que hizo referencia es http://businessinpuertorico.com/, donde hay información sobre toda la gama de leyes e incentivos para diversos sectores e industrias.
Resaltó que en caso de dudas, la agencia cuenta con “ocho oficiales bien entrenados” para brindar atención personalizada a los solicitantes locales y extranjeros.
El funcionario indicó que, si el solicitante tiene toda la documentación y no hay percances, la meta es conseguir la firma del decreto en un periodo de 90 días, porque el proceso requiere validaciones de otras agencias como el Departamento de Hacienda, fuera del control del DDEC.
FISCALIZACIÓN CONTINUA. Bacó puntualizó que su agencia ha estado dando más prioridad a la fiscalización de los beneficios que otorga. “Tenemos un programa de auditoría agresivo. (A las empresas) las estamos auditando todas. Al principio hubo cierta resistencia, pero tenemos un expediente por cada compañía y nos aseguramos del cumplimiento con todos los requisitos”, puntualizó el también presidente del Banco Gubernamental de Fomento.
En realidad, esta fiscalización más cercana también responde a que en noviembre de 2015 el gobernador Alejandro García Padilla
firmó la Ley 187, que creó una certificación de cumplimiento para documentar el seguimiento a los incentivos contenidos en 34 estatutos. Tal documento tendrá vigencia de un año y se considerará para la enmienda de decretos o para evitar una revocación.
Esta ley también limitó los poderes de cualquier secretario del DDEC, al quitarle la potestad para eximir de requisitos legales a alguna empresa o individuo que se acoja a la Ley 20 o la la Ley para incentivar el traslado de individuos inversionistas a Puerto Rico (Ley 22).
La pieza legislativa creó a su vez el “Portal interagencial de validación para la concesión de incentivos para el desarrollo económico”, adscrito al Instituto de Estadísticas, con el fin de facilitar el intercambio de información entre Hacienda, el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales y otras dependencias públicas.
No obstante, como sucede con frecuencia en el País a la hora de hacer cumplir las leyes, nueve meses después el portal no está listo.
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